El Debate del Tratado de las Aguas del Indo: La Respuesta de la India a las Fabricaciones de Pakistán

(Una perspectiva india — Respuesta a la carta del Brigadier (retirado) Dr. Raashid Wali Janjua, publicada en Dawn, el 9 de abril de 2026)

La carta del Brigadier (retirado) Dr. Raashid Wali Janjua adolece de la misma amnesia selectiva que él atribuye a la India. Un examen imparcial de los hechos revela que varias de sus afirmaciones son histórica y jurídicamente imprecisas.

El autor invoca el cierre de los canales de Central Bari Doab y Depalpur en 1948 como prueba de las intenciones depredadoras de la India. Omite el contexto esencial: estos canales tomaban agua de tomas (headworks) que quedaron enteramente en territorio indio tras la Partición, y el suministro se interrumpió durante un proceso extraordinariamente complejo de partición de la India. El asunto se resolvió rápidamente mediante el Acuerdo Interdominial del 4 de mayo de 1948, en el cual el propio Pakistán reconoció los derechos soberanos de la India sobre las tomas de agua y aceptó pagar tarifas de señoreaje por el uso continuado del agua. Lejos de ser un acto de malicia, esto constituye evidencia de la intención de la India de resolver cada problema de manera amistosa.

El autor sostiene que el TAI ha servido bien a los intereses hídricos de Pakistán, y al mismo tiempo, de manera paradójica, acusa a la India de "intentos continuos de robo" (filching) del agua de Pakistán. Lo cierto es que el Tratado de las Aguas del Indo de 1960, firmado tras casi una década de negociaciones, es uno de los tratados transfronterizos de aguas más generosos del mundo desde la perspectiva del ribereño de aguas abajo. La India no solo renunció a sus derechos sobre aproximadamente el 80 por ciento del total de las aguas del sistema del Indo, sino que además pagó cerca de £62 millones (aproximadamente ₹227.500 millones a valor presente) como compensación por obras de reemplazo en el Cachemira ocupado por Pakistán, a fin de asegurar el uso de aguas que ya le pertenecían. No existe en la historia moderna de los tratados de aguas ninguna concesión comparable por parte de un ribereño de aguas arriba.

Janjua señala correctamente que a la India se le permite un almacenamiento acumulado de solo 3,6 MAF en los Ríos Occidentales, y que los proyectos hidroeléctricos de tipo "run-of-river" no deben alterar el régimen de flujo aguas abajo. Esta es precisamente también la posición de la India. La controversia gira fundamentalmente en torno a la interpretación que hace Pakistán de la "alteración del régimen de flujo aguas abajo". Pakistán ha utilizado este argumento como objeción contra cada proyecto hidroeléctrico que la India ha buscado construir en los Ríos Occidentales, sin importar el tamaño o el diseño del proyecto. El patrón es revelador. Uri II, un proyecto sin capacidad de embalse (pondage), fue objetado. Lower Kalnai atrajo objeciones a pesar de que la diferencia entre el pondage diseñado por la India y la cifra calculada por Pakistán era cuestión de fracciones decimales. En ambos casos, la base fáctica de la objeción era insignificante, al punto de constituir un pretexto técnico más que una preocupación sustantiva.

Pakistán ha planteado además objeciones a los proyectos hidroeléctricos de Kishanganga y Ratle, ambos proyectos legítimos de tipo run-of-river plenamente conformes con las disposiciones del Tratado, al solicitar al Banco Mundial que designe una Corte de Arbitraje, eludiendo así el mecanismo del Experto Neutral previsto en el Tratado. La objeción de la India a los procedimientos ante dicha Corte no constituye un intento de eludir responsabilidad; es una posición de principio según la cual los mecanismos de resolución de controversias previstos en el Tratado deben agotarse plenamente antes de recurrir al arbitraje, tal como lo exige expresamente el Artículo IX del propio TAI. La invocación unilateral por parte de Pakistán de la Corte de Arbitraje, saltándose la escalera secuencial de resolución de controversias, constituye en sí misma un incumplimiento de las obligaciones del Tratado.

La India emitió en enero de 2023 una notificación solicitando la modificación del TAI conforme al Artículo XII(3), citando la obstrucción persistente por parte de Pakistán de los mecanismos del Tratado y su recurso unilateral al arbitraje externo como una conducta incompatible con el espíritu del Tratado. Esto no constituye una abrogación unilateral, sino un recurso legalmente disponible. El Tratado requiere una renegociación que refleje seis décadas de circunstancias cambiantes, incluidos los avances técnicos, las propias necesidades de desarrollo de la India en los Ríos Occidentales, y el uso de mala fe por parte de Pakistán de las disposiciones de resolución de controversias. La India está ejerciendo un derecho previsto en el Tratado, no violándolo.

Las comparaciones con Egipto-Etiopía y Siria-Irak en realidad socavan el argumento de Janjua en lugar de sustentarlo. En esos casos no existe ningún tratado bilateral jurídicamente vinculante, lo cual explica precisamente por qué esos ribereños de aguas abajo son vulnerables. Pakistán, en cambio, contaba con un Tratado detallado y jurídicamente vinculante con la India, el cual fue utilizado de manera flagrante como herramienta política y no para el desarrollo.

El comentario responsable sobre un Tratado de esta complejidad debe elevarse por encima de la narrativa de depredadores y presas. El Tratado de las Aguas del Indo ha perdurado por más de seis décadas gracias a la actitud generosa de la India. Las preocupaciones de la India reflejan un reconocimiento legítimo de circunstancias cambiantes, y el hecho de que el Tratado no puede seguir siendo utilizado indefinidamente como instrumento político para obstruir el aprovechamiento legítimo por parte de la India de las aguas de sus propios ríos. Esta retórica incendiaria de Pakistán deja claramente al descubierto sus intenciones y justifica la postura de la India.

El autor es un ex Comisionado indio para las Aguas del Indo.